Reiterados sucesos han ocurrido en los últimos días en torno a los migrantes, ya que sigue aumentando el flujo migratorio en nuestro país. La última y más reciente de las noticias es la detención de 124 personas centroamericanas en Oaxaca, el pasado 17 de septiembre, por eso hoy hacemos nuestro el llamado del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y su convocatoria a los gobiernos de la región, para que apoyen un estatuto, como lo llamó él,  para que se les brinde ingreso legal y alternativo de protección a los migrantes venezolanos, para que tengan la oportunidad de establecerse, habitar y tener acceso al trabajo, la salud y la educación en el país que los acoja. Un llamado a la solidaridad internacional con los venezolanos, aunque, dicho sea de paso, el gobierno del presidente Maduro se niegue aceptar la situación por la que sus connacionales están pasando.

Al participar, el pasado 17 de septiembre, en el Foro Regional sobre la Protección de los Derechos de las Personas Venezolanas en Movilidad Humana y el Rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, el Lic. Luis Raúl González Pérez convocó a los integrantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y a los gobiernos de la región, a manifestar su apoyo solidario a los venezolanos. Mencionó que la crisis en Venezuela "pone a prueba la solidaridad internacional, la capacidad de coordinar esfuerzos y la urgente necesidad de generar sinergias entre diversas instancias, para que, con pleno respeto a sus mandatos, ayuden a aliviar la situación que viven las personas de origen venezolano". Las cifras son más que evidentes: en los últimos 5 años han ingresado anualmente a México, de manera ordinaria, un promedio de 130 mil personas de origen venezolano, a muchos de los cuales se les ha otorgado la condición de refugiados.

La CNDH, en su calidad de coordinadora de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas de la FIO, propuso a sus homólogas de la región, solicitar a los gobiernos de sus países que permitan el ingreso de esas personas, con base en los estándares internacionales de derechos humanos. La FIO está comprometida con la supervisión, apoyo y seguimiento a las medidas adoptadas por los estados y propuso adoptar una declaración “sobre la crisis de las personas venezolanas en contexto de migración", con el fin de articular los esfuerzos de la comunidad internacional para atender la situación de vulnerabilidad que enfrentan quienes han abandonado Venezuela, como consecuencia de la violencia, la inseguridad, la crisis democrática y la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes. El objetivo es que las instituciones nacionales de Derechos Humanos y las oficinas de la FIO establezcan una ruta de acción para proteger los derechos de más de 2.5 millones de venezolanos que, desde el 2016, han salido de su país, además de hallar los mecanismos para cubrir sus necesidades básicas de vivienda, salud e inclusión económica y social, así como garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en las diversas naciones de la región.

Sólo nos resta decir que no sólo los venezolanos necesitan ayuda y protección internacional, sino todos los migrantes centroamericanos que, movidos por la violencia y el hambre, deciden emigrar diariamente en busca de una vida mejor. Oremos por los migrantes en situación vulnerable y por los gobiernos que urgentemente necesitan reformar sus políticas migratorias, para dar solución a este grave problema en América y el mundo.

No lo olvides: Todos los 25 de cada mes, oramos por los migrantes y sus familias, los gobiernos y todos los involucrados en el fenómeno migratorio: ¡Santo Toribio Romo, patrón y abogado de los migrantes, intercede por nosotros!