El poder alucina a quienes se apegan de tal manera a él que acaba por hacerles creer que son indispensables para la buena marcha del pueblo o nación que gobiernan. Tal me parece el caso del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien ha declarado sin ambages: “No puedo decepcionar a mi pueblo”, para intentar un cuarto mandato y gobernar a su país hasta el 2025.

Se cree irremplazable. Se le olvida que el pueblo que invoca rechazó en el referéndum del 2016, una reforma constitucional que autorizaría su reelección indefinida. Como resulta por demás obvio, la oposición rechaza el caudillaje providencialista de Evo porque, con justa razón, considera que el Presidente no cree en la democracia. No se puede desconocer que Evo, durante su gobierno, ha conseguido progresos tangibles para la mayoría indígena de su país: la pobreza se redujo en Bolivia, del 59.9 en el 2006, al 36.4 % en el 2007, y se consiguió el acceso a la electricidad y al agua a las comunidades indígenas, pero estos logros, por muy considerables que sean, no justifican su perpetuidad en el ejercicio del poder.

Cabe aquí recordar que Bolivia es un país con el 58 % de sus habitantes indígenas. Sin embargo, el innegable éxito de Morales no puede significar el establecimiento de un caudillismo absoluto que ilusamente cree ser necesario e irremplazable en el camino democrático de un país. Cabe preguntarse en este contexto de caudillaje absoluto, si la pregonada democracia significa la irrelevancia del voto. Nadie, por más exitoso que resulte su gobierno, puede perpetuarse en el ejercicio del poder.

Por desgracia, en América Latina no pocos se engolosinan con el poder: Cuba, Venezuela y Nicaragua constituyen ejemplos claros de caudillos sin límite de tiempo.

Pbro. Héctor Lievanos V.