Por: Arnold Jiménez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cedido hoy ante las presiones políticas y económicas y con un lenguaje que tiene poco de jurídico ha dejado el camino libre para que se despenalice el aborto a lo largo y ancho del territorio mexicano. Primero fue la sentencia frente a una controversia constitucional en Coahuila – del que hablamos en la edición pasada- y ahora resuelve una controversia constitucional que señala que las legislaciones locales no pueden legisla a favor de la vida (desde la concepción hasta la muerte natural) porque se violentan los derecho humanos de las mujeres – a quienes se obstinan en llamar personas gestantes- y se contrapone al sentido de las sentencias que ha venido dictando la corte y en las que se da paso al aborto. La sentencia en el caso de Coahuila es grave, en el Caso de Sinaloa es una verdadera tragedia porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación violenta la soberanía de los estados y les prohíbe legislar en este sentido. Y al violentar la soberanía de los estados, violenta las voluntades de los ciudadanos porque en los estados en los que actualmente las constituciones locales consagran la defensa de la vida hubo una insistencia de la sociedad civil organizada que pedía la protección de los no nacidos.

La Conferencia del Episcopado Mexicano ha mantenido una postura clara frente a los atropellos que realiza la Suprema Corte. En un comunicado fechado el 8 de septiembre los obispos recordaban que: “En el marco de nuestro Estado social y democrático de Derecho, el derecho humano a la vida se encuentra reconocido y garantizado en nuestra Constitución y en los más importantes Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, mismo que no puede restringirse para la persona concebida, aun no nacida, desde su concepción hasta su muerte natural.” En efecto, el comunicado deja en claro que los ministros han ignorado la Carta Magna de nuestro país y además los tratados internacionales a los que México se ha adherido, como el caso concreto del Pacto de San José, en el que se expresa de manera explícita la defensa de la vida. Para los obispos, la gravedad de la decisión de la Suprema Corte no sólo estriba en que se violenta la constitución y los tratados internacionales, sino que hay “un peligroso y desproporcionado contraste entre el contenido y límites de lo que denomina derecho de la mujer a decidir frente a la protección constitucional del nasciturus”.

Lo cierto es que estamos frente a los primeros pasos de una propuesta más agresiva con la que se intenta sacar del debate público a las voces que se oponen al aborto toda vez que se opondrían a los “derechos humanos” de las mujeres. Evidentemente en el proyecto está contemplado el limitar la libertad religiosa poniendo candados para que los ministros de culto no puedan expresarse en estos temas cuando quieran orientar las conciencias de la feligresía, lo mismo, bajo el supuesto de que estarían atentado contra los “derechos humanos”.

Ahora nos resta esperar la respuesta de los congresos locales, esperando que estén dispuestos a no ceder ante la pretensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que quiere limitarlos en su facultad de generar los marcos legislativos y normativos que han de regir a una entidad. Y, desde luego, no podemos ceder ante el avance de la cultura de la muerte y del descarte. Tenemos que replantearnos las formas, los lenguajes, las estrategias con las que pretendemos defender la vida para que tengan un carácter más promocional y vayan hacia las conciencias de las personas, para que, por más leyes que permitan el asesinato de un niño en el vientre materno, la ciudadanía no acuda a ellas porque sabe y es consciente que, en el vientre de la madre, hay una vida humana.